Fundación Santa María la Real ha asistido al Pleno del Congreso de los Diputados para seguir el debate y la aprobación del Proyecto de Ley que modifica la normativa de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia

La reforma que supone un importante avance, con el que se impulsarán iniciativas que contribuyan a construir una sociedad más inclusiva, donde la autonomía, los cuidados y los derechos de las personas ocupen el lugar que merecen

La sesión parlamentaria, celebrada este martes 14 de julio, ha marcado un paso significativo en el fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia. Durante la jornada, el Congreso también ha convalidado el real decreto-ley aprobado por el Gobierno para ampliar la financiación estatal destinada a este ámbito, lo que permitirá que las comunidades autónomas reciban 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para reforzar los servicios y prestaciones dirigidos a las personas dependientes.

La presencia de Fundación Santa María la Real en este encuentro refleja el compromiso de la entidad con la defensa de los derechos sociales y la mejora de la atención a las personas mayores y en situación de dependencia.

La organización fue invitada por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para asistir a esta jornada. En representación de la Fundación participó Ana Cruz Montero, trabajadora social especializada en la atención a personas mayores dentro de los programas de la entidad. Su asistencia permitió conocer de primera mano este proceso legislativo, de especial relevancia para la organización, que cuenta con dos centros de Tercera Actividad y desarrolla programas para la prevención de la soledad no deseada y el fortalecimiento de un envejecimiento activo y saludable.

A continuación se detallan algunas de las principales medidas que incorpora esta reforma a la ley de dependencia, tal y como informa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030:

Eliminación del régimen de incompatibilidades

La reforma garantiza que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones sin que haya una incompatibilidad entre ellas. Además, la norma reforzará el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que desea de manera que el sistema podrá ajustarse a las prestaciones que cada persona usuaria necesite. El PIA (Programa Individual de Atención) que elaboran los servicios sociales de las CCAA se flexibiliza para que el usuario pueda acceder a más servicios del catálogo. Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa, podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día, y a la vez tener otras prestaciones como cuidados en el entorno familiar o teleasistencia.

La asistencia personal se amplía y regula como servicio del catálogo

La asistencia personal queda blindada como servicio y podrá ofrecerse más allá del entorno domiciliario, que es el espacio al que estaba restringida esta ayuda hasta ahora. De esta forma, la persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en el domicilio, sino que también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra o ir al médico.

Ampliación del concepto de cuidadores/as

El texto reconoce a nivel normativo la figura del cuidador o cuidadora principal, y lo complementa con la figura de cuidador/a no profesional. Al mismo tiempo, reconoce que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer cuidados, asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que hay. Esto garantiza que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda ocuparse del cuidado de una persona en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casadas, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí.

Teleasistencia como derecho subjetivo

La teleasistencia será reconocida de facto a toda persona que tenga reconocida una dependencia, garantizando así que este servicio sea un derecho subjetivo y que llegue a muchas más personas, también a otras que antes no podían acceder a él, como las personas con demencia. Además, se refuerza la teleasistencia como herramienta preventiva para evitar o retrasar la institucionalización, y permitirá hacer un seguimiento de cómo está el usuario a través de otros dispositivos como, por ejemplo, las pulseras geolocalizables.

Cotizaciones y sustituciones de las cuidadoras

La reforma garantiza por ley que la AGE abone las cotizaciones de las cuidadoras principales (la mayoría son mujeres), así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas cuidadoras.

Reducción de plazos para reconocer prestaciones

El plazo habilitado al gobierno de cada CCAA para resolver una prestación por dependencia se reduce a la mitad, pasa de 6 meses a 3 meses.

Esta reforma supone un importante avance, con el que se impulsarán iniciativas que contribuyan a construir una sociedad más inclusiva, donde la autonomía, los cuidados y los derechos de las personas ocupen el lugar que merecen.